La confrontación entre la Fiscalía y el Poder Ejecutivo agudizará las complicaciones del Gobierno. La asunción de Liz Patricia Benavides Vargas como Fiscal de la Nación marcó una profundización e impulso en las investigaciones de casos de presunta corrupción, contra el presidente Pedro Castillo.
El 11 de octubre presentó una denuncia constitucional contra el Jefe de Estado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión, denuncia que también implicaba al Geiner Alvarado López, cuando ejercía como titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y a Juan Silva Villegas, durante su gestión en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Para la fiscal se trataría de una organización criminal, encabezada por el Presidente Pedro Castillo, quien presuntamente estaría actuando en agravio del Estado.
Posteriormente, la Fiscalía allanó las oficinas y viviendas de seis congresistas de la República, integrantes del partido Acción Popular y conocidos como ‘Los Niños’ y la vivienda de la hermana del presidente en el caserío de Chugur, Cajamarca.
Esta acción desató la molestia del Presidente, quien responsabilizó al Ministerio Público del estado de salud de su madre, que se encontraba durante las diligencias. Además, de referirse al hecho como “un acto abusivo”.
Esta situación, además, ha traído complicaciones entre el ejecutivo y el legislativo, pues finalmente la Fiscal de la Nación dejó en manos del Congreso la responsabilidad de interpretar la Constitución en denuncia contra el Jefe de Estado. Medida que fue inmediatamente acatada por el legislativo, pues el Congreso presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una ampliación de demanda en la que solicita la interpretación del artículo 117 de la Constitución. Sin embargo, este pedido fue declarado improcedente por los jueces constitucionales del TC.
En una conversación con Punto Seguido, el politólogo Anthony Medina asegura explicó que la decisión del Tribunal Constitucional, sólo, intensificará el enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el poder judicial.
“ El artículo 117 era el único obstáculo en el proceso de antejuicio político del Presidente, ahora quedará únicamente en responsabilidad del Poder judicial que tendrá que acatar la disposición.”
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